Vivienda asequible

El problema de la vivienda en España y en nuestros barrios

El derecho a una vivienda digna
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Sin embargo, hoy no es un derecho fundamental ni exigible judicialmente. Para garantizarlo de verdad, sería necesaria una reforma constitucional que lo eleve a la categoría de derecho fundamental, en línea con la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La estrategia dominante: construir más viviendas privadas
Las constructoras y algunos partidos defienden como única solución a la crisis habitacional la construcción de más viviendas de renta libre.

• Esta política solo beneficia a promotores e inmobiliarias.
• Incluso la Vivienda de Protección Oficial / Precios Públicos (VPO/VPP) se convierte en inaccesible, ya que el precio del metro cuadrado lo fijan las mismas promotoras.
• Se limita siempre al 30% de VPO/VPP en los PAIs, cuando la ley permite llegar al 50%.
  Este modelo reproduce los pelotazos urbanísticos y perpetúa una “política del ladrillo” que solo beneficia a unos pocos.

El papel del Estado y las comunidades autónomas
La vivienda es una competencia autonómica plena, pero el Estado mantiene competencias en planificación económica. Esto le da margen para intervenir cuando alguna comunidad autónoma actúe en contra del interés general, imponiendo medidas desde la Administración Central.

¿Qué soluciones reales existen?
La “ley de la oferta y la demanda” nunca ha resuelto la crisis de vivienda. Al contrario, la compra masiva sin hipoteca genera nuevas burbujas inmobiliarias.
La experiencia demuestra que:

• Regular y topar precios funciona: en Barcelona, tras una mínima regulación, bajaron un 6,4%.
• Intervenir el mercado funciona, porque frena la especulación.
• Lo imprescindible es construir viviendas públicas dignas y asequibles, que permanezcan siempre en el parque público y no se privaticen.
  
  En España se han construido cerca de 2,5 millones de viviendas públicas que acabaron vendidas a bancos y fondos de inversión. Por eso estamos a la cola de Europa en vivienda social por habitante.

Medidas urgentes y posibles
Hay herramientas que se podrían aplicar a corto plazo:

• Controles de precios y zonas tensionadas, que ayudan a reducir alquileres.
• Bolsas de vivienda asequible, gestionadas como una inmobiliaria pública: Los propietarios reciben garantías y ayudas a la rehabilitación. Los inquilinos acceden a alquileres un 20-30% más baratos y con contratos estables.
• Ampliación del parque público, mediante construcción, compra, rehabilitación y movilización de viviendas vacías.
• Prohibir la compra por fondos buitres y de inversión.
• Derecho de tanteo y retracto para que las administraciones tengan prioridad en la compra de inmuebles (vigente en Euskadi, Navarra y Cataluña, derogado en la Comunidad Valenciana).
• Housing Associations, entidades sin ánimo de lucro que gestionan vivienda social, como en otros países europeos.
• Ayudas fiscales: en el Plan Estatal de Vivienda, el Programa 6 permitió VPO con alquiler máximo de 5€/m², logrando rentas de unos 330 € en Canarias y Castilla-La Mancha.
• Proyectos de convivencia intergeneracional: mayores con pensiones bajas que alquilen habitaciones a estudiantes Erasmus, con supervisión de universidades y administración.
  
  Estas medidas permitirían consolidar un parque público y social fuera de la lógica especulativa del mercado.

Lo que no ha funcionado
La construcción sin control de viviendas de renta libre o VPO/VPP a precios elevados no soluciona la crisis actual.

• La juventud necesita viviendas dignas y asequibles.
• Las personas mayores tienen derecho a seguir viviendo en sus barrios, sin ser expulsadas por la especulación.

La dimensión europea
La Comisión Europea, con una cartera específica de Vivienda liderada por Dan Jorgensen, puede jugar un papel importante. Los alcaldes de varias capitales europeas reclaman fondos europeos para vivienda asequible y el Banco Europeo de Inversiones calcula que se podrían movilizar hasta 300.000 millones de euros.
Si se permite desviar gasto público para fines militares (déficit del 3%), también debería permitirse hacerlo para garantizar vivienda digna y asequible.

Un ejemplo cercano: Benimaclet
En nuestro barrio, el Ayuntamiento ha aprobado un PAI para 1.345 viviendas, de las cuales solo un 30% serán VPO/VPP, a precios muy altos. No se contempla ninguna vivienda social.
Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana existen 760.000 viviendas vacías, es decir, una de cada tres.

• ¿Quién podrá comprar esas nuevas viviendas?
• ¿Quién se beneficia de esta nueva burbuja inmobiliaria?
  
  Nuestros barrios no necesitan más pisos caros, sino vivienda social asequible para seguir siendo barrios vivos, diversos, inclusivos y justos.